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Durante la
campaña electoral para concejales, que terminó en las
elecciones del 28 de marzo de 2010, el tema del Código
de Edificación apareció una y otra vez en las reuniones
con vecinos de las seccionales 4º, 5º, y 6º que son las
zonas residenciales consolidadas de la ciudad. La
preocupación se debía a lo apetecible que resulta para
las empresas constructoras el particular espacio urbano
de la capital mendocina y a las pésimas experiencias con
las llamadas “excepciones” al vigente Código, que
permitieron la aparición de torres que alteraron el
aspecto de zonas de la ciudad, siempre en nombre del
progreso, claro.
La resistencia ciudadana ya había frustrado un intento
anterior de reforma del Código por la permisividad que
auspiciaba de las construcciones de altura y la crítica
que había generado en organizaciones científicas y
técnicas y entre los mismos vecinos. |
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En mayo,
cuando asumimos los nuevos concejales y preguntamos al
Ejecutivo qué iban a hacer con el tema. Se nos respondió
que estaban procesando las opiniones recibidas durante
2009 y que cuando estuviera listo el nuevo proyecto nos
avisarían para debatirlo.
Cuál sería nuestra sorpresa cuando en la última semana
de noviembre dijeron que el nuevo proyecto estaba listo
y querían aprobarlo a la brevedad. En las tres semanas
que estuvo en el Concejo alcanzamos a organizar una sola
reunión con técnicos y especialistas de diversos ámbitos
que plantearon fuertes críticas, ante la amenaza de la
pérdida del perfil morfológico tradicional de muchos
sectores de la ciudad.
¿Por qué se impidió que la ciudad abordara a fondo el
debate de un proyecto histórico que hubiera permitido
una verdadera política de Estado sobre el tema en el
largo plazo?
¿Por qué se trató con tanto apuro si la Municipalidad de
Godoy Cruz, pegada a la ciudad, postergó el debate del
mismo tema hasta marzo para un mejor análisis?
¿Por qué el Ejecutivo nunca permitió una reunión de los
concejales con la Directora de Planeamiento Urbano, una
profesional que alguna vez fue muy respetada?
¿Por qué no se escuchó a los vecinos de las zonas
residenciales –caracterizadas por los árboles en las
calles, las acequias por donde corre el agua, las casas
bajas– que quieren mantener ese perfil y no se han
querido ir de la ciudad como si han hecho muchos
políticos que se han ido a vivir a los barrios privados
de la periferia?
¿Por qué no se quiso escuchar a las organizaciones
científicas y técnicas como el CONICET, el Colegio de
Arquitectos, el Concejo para el Desarrollo Sustentable y
otras, todas en fuerte desacuerdo con el proyecto?
¿Por qué no se respetó la ley de ordenamiento
territorial provincial –que fue un triunfo de la
política contra las corporaciones inmobiliarias– y que
exige la audiencia pública y la consulta a los
ciudadanos para estos temas?
Ninguna de las explicaciones del Ejecutivo es válida
para este atropello. La idea de que es necesario
“densificar” la ciudad y para eso hay que promover
edificación de altura es una falacia. En las décadas del
70 y el 80 la ciudad se llenó de edificios y la
población, en el período intercensal 1990 – 2000 pasó de
131.000 habitantes a 110.000. ¿No sabían eso nuestros
funcionarios?
Las consecuencias más objetables de la nueva ordenanza
son, entre otras, haber dejado los lotes de más de 2500
m2 sin marco legal alguno –el miembro informante del
oficialismo, que, de paso, no vive en la ciudad sino en
un barrio privado de Luján de Cuyo, dijo que “–tendrán
que sentarse a consensuar con el Departamento Ejecutivo
el proyecto” lo cual nos exime de mayores comentarios.
A ello se agrega el peligro concreto de una barrera de
edificios de altura en la avenida que separa a la ciudad
del Parque General San Martín, privando al casco urbano
de la brisa refrescante que proviene de ese pulmón verde
y la coexistencia promiscua, que autoriza la ordenanza,
de edificios de altura con viviendas residenciales de
uno o dos pisos.
Pero nuestro principal reparo es a la metodología
autoritaria de aprobación de la norma. La democracia no
es un fin al que llegaremos alguna vez. Es un proceso,
es una metodología, es una forma de hacer las cosas. Los
políticos que se creen que tenemos democracia porque
votamos cada dos años están muy equivocados. El modelo
político puramente delegativo sobre el que se apoyan
ideológicamente los representantes de la vieja
partidocracia debe ser revisado ante la existencia de un
colectivo social culto, instruido y lúcido que sabe más
y mejor que los líderes que hacer con la ciudad.
La imposición arbitraria de una mayoría, provisoria como
toda mayoría, bajo el pretexto de que “esto es lo que la
gente ha votado” le está causando un daño significativo
a un sistema político que nos costó treinta mil muertos.
Resultó cuestionable también que votara el concejal Juan
Carlos Membrives, cuya actividad es la de corredor
inmobiliario y a pesar de que la ley de los corredores
inmobiliarios plantea una evidente incompatibilidad
ética con la función pública. Aclaremos que aunque se
disfraza bajo el ropaje de Coalición Cívica ARI el
concejal Membrives fue electo en la lista de la Unión
Cívica Radical y ha sido siempre un fiel y leal voto del
Ejecutivo. La actual conducción provincial de la
Coalición Cívica ARI no lo avala por haber transgredido
claramente los códigos éticos que auspicia Elisa Carrió.
En fin, la ciudad se perdió la oportunidad de un debate
magnífico e histórico. El Concejo perdió la oportunidad
de aplicar a un nuevo Código el conocimiento científico
invalorable de quienes estudian, investigan y saben. El
Ejecutivo impuso con el exclusivo voto del oficialismo
la aprobación a libro cerrado de un proyecto que sólo
beneficia los intereses económicos concentrados del
negocio inmobiliario. Una lástima. |
